El personal del departamento de economía de la CEOE ha publicado este miércoles sus conclusiones preliminares sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en las empresas españolas y en la economía en general, del que se concluye que las consecuencias serán mayores, de mayor alcance e impacto que las inicialmente previstas en los primeros momentos del confinamiento de la población.
Por descontado, volveremos a entrar en recesión este año debido al confinamiento de la población, el bloqueo de la economía, el parón de la actividad y de la demanda a partir de la segunda quincena de marzo y su extensión a abril.
En el escenario optimista.
Se estima una caída del PIB mínima de un 5% para el conjunto del año (con diferentes efectos en distintas actividades económicas), dentro del escenario de recuperación más intensa, en el que se estima el final del confinamiento para los primeros días de mayo, una alta efectividad en las medidas adoptadas y una recuperación rápida en la mayor parte de los sectores.
En este escenario, se perderán al menos 445.300 ocupados en términos de EPA, un 2,3% menos en media anual, y la tasa de paro crecerá del 14,1% al 16,5%, con un incremento del paro en 560.400 personas, hasta situarse en 3,8 millones a fin de año.
La CEOE advierte de la dificulta de hacer un estudio fidedigno y las dificultades de hacer las predicciones ya que no hay precedentes de una crisis similar.
Además, se desconoce aún la evolución de la propia crisis sanitaria, el grado de confinamiento de la población y la limitación a las libertades individuales de las personas o el grado de efectividad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo hasta el momento, o el efecto de la demanda mundial y por tanto de las exportaciones, entre otros factores.
En el escenario pesimista.
Por el otro lado, en el más adverso de estos escenarios, con un confinamiento más prolongado y una menor efectividad de las medidas adoptadas, la caída del PIB llegaría al entorno del 9%. En este caso, el empleo caería un 4% en media anual, con un descenso de la ocupación de 796.800 personas, y el paro se elevaría en 912.000 personas, hasta casi los 4,2 millones, con una tasa de desempleo del 18%.
Con todo, teniendo en cuenta que los actores económicos se enfrentan a un 'shock de impacto', los niveles de actividad podrían alcanzar en diciembre del 2020 los existentes al cierre de 2019, con lo que la recuperación en un escenario como el actual debería ser más rápida que cuando asistimos a un final de ciclo del tipo de la pasada recesión del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
En este sentido, en el escenario más optimista, se estima que el PIB experimentaría un notable rebote del 5,2% el próximo año, que es la llamada recuperación en U.
El efecto de los ERTE
La cara más complicada al afectar directamente a las personas es el incremento del desempleo y el efecto en las relaciones laborales de las empresas. La CEOE no se ha atrevido a ponderar el efecto de los ERTE, sino sólo a cuál habría sido el comportamiento del mercado laboral sin la posibilidad de acogerse a los ERTE en las actuales condiciones.
En ese caso, dentro del escenario de recuperación más intensa, la ocupación caería en cerca de un 5%, con casi un millón de empleos menos, y la tasa de paro escalaría al 18,7%; mientras que en el escenario más adverso, la caída de la ocupación sería del 7,3%, con 1,4 millones ocupados menos, y la tasa de paro volvería a alcanzar el 20,7%.
Escalada del déficit y la deuda pública
En el caso de las estimaciones sobre el impacto del COVID-19 sobre el déficit y la deuda pública, la dificultad para realizar cálculos es aún mayor al tratarse de ratios dependientes de múltiples variables.
Del lado de los gastos, se tiene en cuenta un incremento del gasto público derivado de las prestaciones por los expedientes temporales de empleo (ERTES) y ayudas por cese de actividad de autónomos. También se estima un coste de entre 5.000 y 6.000 millones de euros derivados de las medidas de gasto en el ámbito sanitario y para dar cobertura a colectivos vulnerables.
A ello habría que sumar el gasto asociado al repunte del desempleo y entre otros 5.000 y 6.000 millones más por la subida salarial de los funcionarios y la revalorización de las pensiones, pactadas para este año 2020.
Así, el aumento de las necesidades de gasto público podría sería de entre 25.000 y 30.000 millones de euros, sin contar con las medidas que aún pueden quedar por anunciar, y que tendrán que preparar para evitar el cierre de miles de empresas, especialmente las más pequeñas y los pequeños negocios locales.
Más difícil es la estimación de ingresos, aunque probablemente sufrirán un importante impacto por la caída del consumo. En este sentido, la recaudación caerá sobre todo en el IVA de los consumidores. Una estimación prudente, supondría una reducción de la recaudación por este impuesto para el conjunto del año de entre el 10% y el 20% —de 7.000 millones y 14.000 millones—, dependiendo de lo que tarde en recuperarse el consumo tras el confinamiento.
La reducción del consumo de combustibles por las restricciones de movilidad supondrá también un descenso de entre el 20% y el 30%, en función de los plazos de recuperación de la movilidad y el consumo, lo que detraerá entre 4.000 y 6.000 millones de euros.
En cuanto a los impuestos directos, el IRPF se verá afectado por el incremento del desempleo, los ajustes salariales de las empresas y la pérdida de facturación de autónomos, pero sus efectos se dividirán entre 2020 —este año se presenta Declaración de la Renta de 2019, pero se registrarán menores retenciones a cuenta— y 2021 —año en que se presenta la liquidación correspondiente a 2020–.
En este caso, se estima que la cifra será menor que la correspondiente al IVA, con una posible caída de entre el 5% y el 10%, de entre 4.000 y 8.000 millones de euros.
En el Impuesto sobre Sociedades, el calendario de liquidaciones introduce las mismas dificultades para el cálculo. Sin embargo, el pago a cuenta de abril para las empresas que facturan más de seis millones de euros, en función de los escenarios que se barajan, podría reducirse entre 1.000 y 2.000 millones.
En el capítulo de las cotizaciones a la Seguridad Social, el impacto sí va a ser bastante inmediato por el incremento del desempleo, la paralización de las contrataciones, las bajas de trabajadores autónomos y el efecto de los ERTEs.
Sumando todas estas predicciones del equipo económico de la CEOE, la pérdida total de recaudación podría situarse entre el 8% y el 15% en función de la profundidad de la caída de la actividad y la velocidad de su posterior repunte.
El resultado de estas desviaciones arroja un déficit público de entre los 80.000 y los 120.000 millones de euros, en una horquilla del 7,5% y el 11% del PIB, en función del comportamiento de la actividad. Al mismo tiempo, la deuda pública ascendería hasta el 108% o el 115% del PIB.
No obstante, debe tenerse en cuenta que estamos ante un shock de impacto, que provoca un efecto one-off sobre las cuentas, en buena medida no acumulativo, por lo que la mayor parte de la influencia de este sobre las finanzas públicas debería ir diluyéndose a medida que se recupera la normalidad, sin afectación sobre el déficit estructural a medio y largo plazo.
La CEOE demanda más apoyo para las empresas
A tenor del escenario planteado, y como han venido demandando la CEOE, las distintas patronales regionales, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, etcétera, se plantea que en la actual crisis de oferta, parte de la solución debe ser la implementación de medidas que vayan dirigidas a facilitar la adaptación de las empresas, otorgando más flexibilidad, apoyando a la liquidez y posibilitando la moratoria de impuestos, a semejanza de lo que están haciendo el resto de los países desarrollados.
Al mismo tiempo, es fundamental que las empresas estén preparadas para un escenario en donde la crisis se mantenga en el tiempo más allá de lo previsto. La economía española necesita de recursos con cierta celeridad para que el cuidado de la salud sea compatible con la normalización de la actividad económica.
Las empresas actuarán como palancas de salida de la actual situación, y por tanto la CEOE incide en que deberán cumplir los protocolos para salvaguardar la salud en los centros de trabajo, pero se debería permitir que puedan producir en aquello que consideren que la sociedad demanda, bajo el paraguas del mercado, ya que es el mejor incentivo para que se transformen y adapten a las nuevas necesidades.
Además, se debería salvaguardar la competitividad de nuestras empresas para que las exportaciones también sean una palanca de recuperación, como pasó en la crisis de 2008.
