El programa SURE fue uno de los tres nuevos mecanismos puestos en marcha a nivel europeo, junto a la línea precautoria del Mecanismo Europeo de Estabilidad y los avales del Banco Europeo de Inversiones (BEI), para dar una respuesta sanitaria, económica y social a los efectos de la pandemia del COVID-19. El acuerdo establecía un máximo de 100.000 millones en préstamos, con la condición de que los tres países más beneficiados no superasen un máximo de 60.000 millones.
La Comisión Europea (CE) propone que el programa SURE movilice en una primera fase 81.400 millones de euros, de un máximo de 100.000 millones de euros disponibles, destinados a 15 países. Estos fondos se financiarán con emisiones de deuda de la Unión Europea en el mercado. Los Estados miembros contribuyen al instrumento aportando avales a las emisiones de la Unión Europea.
La propuesta de la CE responde a la petición que España efectuó el pasado 3 de agosto para acceder al instrumento, que permite financiar con préstamos de la UE los programas de apoyo a trabajadores, autónomos y empresas. La asignación española, que está en línea con lo solicitado, es la segunda mayor por detrás de la de Italia. La Comisión Europea propone que también puedan acceder al instrumento Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.
El pasado 26 de mayo, el Consejo de Ministros autorizó el otorgamiento de los avales necesarios para la participación de España en el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia creado por la Comisión Europea (SURE).
En el caso de España, este instrumento permite financiar programas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tanto en lo concerniente a la prestación que recibe el trabajador como a las cotizaciones sociales que se ahorra el empresario.
También se pueden utilizar los recursos del SURE para financiar la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, así como la prestación por incapacidad temporal para personas que hayan estado de baja como consecuencia del COVID-19 o el apoyo a trabajadores fijos discontinuos, en particular del sector turístico.
Una vez el Consejo de la UE apruebe la propuesta de la Comisión, con posibles modificaciones fruto de las negociaciones en este órgano, el crédito será desembolsado a los Estados que soliciten este instrumento en varios tramos. El primero de ellos podría recibirse en otoño de 2020 y, el resto, a partir de 2021.
