El Gobierno de Asturias suscribió un convenio de colaboración con seis entidades financieras para que faciliten recursos económicos a trabajadores afectados por expedientes de regulación (ERTE) que aún no han percibido las prestaciones por desempleo. A esta iniciativa, incluida en el bloque de diez medidas aprobadas por el Ejecutivo el 26 de marzo, se ha sumado Caja Rural de Asturias.
La Entidad pondrán a disposición de las personas que han visto suspendido su empleo o reducida la jornada laboral por la crisis sanitaria recursos equivalentes a una parte de las prestaciones por desempleo que les correspondan, hasta la fecha en que se haga efectivo su pago por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).
De esta manera, se habilita un mecanismo que permite compensar, al menos en parte, el impacto negativo que esta situación puede provocar en la renta disponible de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo.
Para la tramitación de estos anticipos, los beneficiarios deberán aportar un certificado de empresa donde consten los siguientes aspectos:
- Que el trabajador ha sido incluido en un expediente de ERTE provocado por la crisis de la COVID-19.
- Que el expediente ha sido tramitado por la empresa y enviado al Sepe.
- Los términos esenciales del expediente, así como la información que permita cuantificar el importe de la prestación por desempleo que le pudiera corresponder.
- La identificación de la cuenta bancaria en que se harán efectivos los pagos.
El adelanto de las prestaciones por parte de entidades financieras es una de las medidas de mayor calado entre todas las anunciadas el 26 de marzo, ya que trata de cubrir una necesidad real para muchos trabajadores -la falta de ingresos- y persigue que ninguna persona se quede desamparada en esta emergencia.
