La transición hacia una economía descarbonizada, que haga sostenible el bienestar de la sociedad desde un punto de vista medioambiental, es el mayor reto global. El desafío medioambiental se resolverá si las políticas públicas se alinean para que el sector privado pueda invertir y multiplicar su impacto positivo, convirtiendo el reto en oportunidad a través de la rentabilidad económica.
Desacoplar gases de efecto invernadero (GEI) y actividad humana. La evidencia científica señala que el extraordinario aumento de la concentración de partículas en la atmósfera coincide con el de las emisiones de GEI causado por la actividad humana, lo que lleva a crecimientos de temperatura muy superiores a los que hubieran resultado exclusivamente de causas naturales. El reto es mejorar el bienestar económico de la sociedad desacoplándolo del incremento de emisiones y del consiguiente deterioro medioambiental, algo posible con las tecnologías disponibles.
A partir de cierto umbral de desarrollo, las economías son cada vez menos intensivas en emisiones de CO2.
Ante este desafío el decrecimiento no es la respuesta. El desarrollo económico y tecnológico contribuye a mitigar el cambio climático. Para niveles bajos de PIB per cápita, su aumento se correlaciona positivamente con una mayor intensidad de emisiones en la atmósfera. Sólo a partir de niveles elevados de desarrollo se logra reducir la intensidad de las emisiones a la atmósfera (Gráfico 1). En particular, la transformación en una sociedad digitalizada tiene, entre otras ventajas, la capacidad de incrementar la eficiencia energética y facilitar la producción y el almacenamiento de energías renovables, con el consiguiente efecto sobre el descenso de emisiones (Gráfico 2).
Políticas de descarbonización: internalización de costes del carbono de alcance global, redistributivas y predecibles, junto con inversiones en nuevas tecnologías. La corrección de la externalidad económica negativa de los GEI, el coste social del carbono, ha de tener un alcance global, fruto de la colaboración, con apertura comercial, y no con restricciones por razones de competencia geopolítica (que obtienen resultados en descarbonización menos eficientes). En todo caso, las políticas de mitigación del cambio climático, globales o domésticas, han de ser estables, orientadas al largo plazo, previsibles para que los agentes económicos puedan tomar sus decisiones de gasto, ahorro, inversión o financiación con la menor incertidumbre posible, y con capacidad de redistribuir los desiguales impactos en la población tanto del cambio climático como de los efectos regresivos de las políticas de precios al carbono, en torno a las cuales han de construirse.
Se estima que España tendrá que dedicar sólo a inversiones verdes el 6,2% de su PIB anual hasta 2050, casi 2 veces el PIB de 2022, lo que exigirá un ingente volumen de inversión privada. Para ello, el diseño de un marco regulatorio e institucional que lo incentive es clave, con seguridad regulatoria, fiscal y jurídica. Por sus recursos naturales, España puede convertirse en una potencia en energías renovables, de bajo coste, y en una economía competitiva en términos industriales. Hay que favorecer las condiciones para que resulte más eficiente mover producción industrial intensiva en energía del centro y norte de Europa a España que exportar sólo la energía renovable de España.
La digitalización (junto a una menor intensidad energética y un mayor uso de energías renovables) tiene potencial para reducir un 40% las emisiones de CO2.
Reducir la prima de riesgo de los proyectos de descarbonización (“derisking”) es clave para desencadenar el impacto positivo del sector privado. Una disminución del riesgo que permita detonar el potencial de las finanzas sostenibles requiere la participación de políticas públicas, regulatorias, de definición de taxonomías, de alineamiento de precios relativos que encarezcan todo lo “marrón”, incluyendo también subvenciones para las tecnologías en etapa inicial de desarrollo. Incrementar la participación del sector privado en la descarbonización intensifica el despliegue de tecnologías novedosas, como se ha observado, por ejemplo, en la transición hacia renovables del sector eléctrico, que ha facilitado caídas de costes de generación que han superado las expectativas.
