El Gobierno de España pondrá en marcha mañana, martes 28 de julio, el registro de trabajadores afectados por el cese de actividad de las centrales térmicas de carbón, una herramienta que permitirá canalizar, de forma prioritaria, las oportunidades de empleo, vinculadas al desmantelamiento de estas instalaciones y a las nuevas iniciativas que surjan de los procesos de Transición Justa, a los empleados de las plantas y de sus empresas auxiliares.
La constitución del registro forma parte del acuerdo rubricado el pasado mes de abril, "Plan de Acción Urgente 2019-2021 para comarcas de carbón y centrales en cierre", por los Ministerios de Trabajo y Economía Social y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las organizaciones sindicales (CC.OO. Industria y UGT-FICA) y las empresas titulares de las centrales térmicas (Endesa, Iberdrola y Naturgy).
Los trabajadores y trabajadoras podrán inscribirse en este registro que será gestionado por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Todos ellos, hasta el pasado 30 de junio, estaban vinculados a unas de las nueve centrales térmicas que cesaron su actividad como consecuencia de la aplicación de la Directiva Europea sobre Emisiones Industriales de 2010 para reducir la contaminación atmosférica: Meirama (A Coruña); Lada y Narcea (Asturias); Puente Nuevo (Córdoba), Anllares, Compostilla y La Robla (León), Velilla (Palencia) y Andorra (Teruel).
Compromiso de la Administración, las empresas y los sindicatos
El registro es parte del acuerdo que recogía los compromisos de cada una de las partes para apoyar a los trabajadores y los territorios de las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas en Aragón, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias. Sus focos de actuación prioritaria son el mantenimiento del empleo en los territorios y su dinamización económica e industrial, ligados al despliegue de energías renovables y otros proyectos.
Las empresas firmantes se comprometían al desarrollo de planes de acompañamiento para las zonas afectadas, aprovechando las oportunidades asociadas a las diferentes líneas de negocio que se identifiquen para cada territorio. De igual modo, trabajarán para el mantenimiento del empleo mediante la recolocación de los puestos directos y la priorización de la contratación de los trabajadores de empresas auxiliares.
El compromiso de empresas, sindicatos y Administración en la búsqueda colectiva de soluciones de futuro para estas zonas resulta especialmente necesario en el contexto actual consecuencia de la crisis del COVID-19.
Entre otros objetivos, el registro facilitará a los trabajadores inscritos acceso prioritario en las contrataciones que conllevarán, en el corto plazo, los preceptivos proyectos de desmantelamiento y la restauración ambiental de las zonas vinculadas hasta el momento a las centrales. De igual modo, esta herramienta permitirá canalizar las ofertas de empleo que surjan como resultado de las inversiones previstas -en muchos casos, vinculadas a la generación de energía a partir de fuentes renovables- tanto en los terrenos que ocupaban como en su área de influencia.
Asímismo, será útil para realizar un seguimiento de las acciones de formación que se activen para los trabajadores de las centrales y de sus empresas auxiliares, con el fin de garantizar su empleabilidad.
