El Principado ha sacado a licitación por 164.815 euros la contratación de una asistencia técnica para realizar el cálculo de la huella de carbono de la Administración autonómica e implantar un sistema de gestión ambiental. El plazo de presentación de ofertas finaliza el día 31.
Esta iniciativa responde al compromiso adquirido por el Gobierno de Asturias en el marco de la Ley de Calidad Ambiental, aprobada recientemente.
La asistencia técnica medirá el impacto que sobre el cambio climático supone la actividad que se realiza en ocho centros administrativos, todos ellos situados en Oviedo/Uviéu: el edificio de Presidencia del Principado, el EASMU y las sedes centrales de las consejerías de Industria, Educación, Derechos Sociales, Hacienda, Salud, Presidencia y Cultura. Para cada uno de los centros de trabajo se traducirá a emisiones de carbono el consumo de energía en los edificios y el del combustible utilizado en los desplazamientos del personal. Además, y entre otras cuestiones, se analizarán las prácticas de gestión de los residuos generados.
Este dato de emisiones de CO2, que se inscribirá en el Registro de Huella de Carbono del Principado creado en 2021, será el punto de partida para poner en marcha un plan de reducción a cinco años, cuya elaboración también será objeto del contrato, actualmente en fase de presentación de ofertas.
Asimismo, el análisis que se realizará de todos los aspectos organizativos y de gestión de cada centro permitirá desarrollar un sistema de gestión medioambiental que facilite los objetivos de reducción de emisiones y de economía circular conforme a los requisitos más exigentes del reglamento europeo EMAS.
Atendiendo a la peculiaridad de los trabajos, la ejecución del contrato se extenderá a lo largo de cuatro años, ya que se prevé una labor de seguimiento continuo mediante auditorías internas para evaluar la eficacia de las medidas de reducción y la planificación de acciones correctivas.
Esta iniciativa forma parte de las medidas incluidas en la Estrategia de Acción por el Clima aprobada por el Consejo de Gobierno en marzo. Esas iniciativas se orientan a reforzar el liderazgo de la Administración autonómica en la descarbonización como factor clave en la lucha contra el cambio climático.
