Cualquier emprendedor que se precie debería saber que, una de las claves de su éxito, estará en poder tener una propuesta de valor sostenida en el tiempo. Para que una compañía pueda tener un negocio competitivo debe ser la mejor en términos de calidad, de servicio o de precio, y mantenerlo en tiempo. Esta dinámica aplica en mercados en los que la demanda está garantizada y, por lo tanto, el partido se traslada a las atribuciones del producto anteriormente comentadas.
En Innovasturias consideran que la dificultad surge cuando las necesidades de los clientes aún no están del todo definidas o, mejor dicho, cuando las propuestas y cualidades con las que pretendemos aproximarnos a nuestros futuros potenciales compradores todavía no han sido demostradas. Este es el caso más habitual de las empresas de perfil innovador, startups que crean algo especial y único que aún no sabe si habrá un sitio para ello en el mercado.
Empresas de base tecnológica, que requieren habitualmente largos tiempos de investigación, grandes desarrollos e inversiones no menores; y que se pueden enfrentar al eterno riesgo de nadar y nadar y nadar para morir en la orilla. Algo especialmente crítico en el sector sanitario dado que, bien sea productos en forma de medicamentos, dispositivos o tecnologías médicos que, a los tiempos de maduración aplicables a cualquier sector, se les han de añadir los de la validación clínica.
El famoso mantra de crea rápido, valida aún más rápido y pivota volando para así ser ágil y adaptarte al feedback de los potenciales futuros clientes es mucho más complicado en salud. Pensemos que para poder validar la eficacia real de cualquier propuesta en el mercado sanitario se ha de hacer con personas, y eso tiene una enorme exigencia a nivel regulatorio, como no puede ser de otra manera. Si a los altos requerimientos de seguridad para poder llevar un producto al mercado, le añadimos la incertidumbre de no tener respuesta clara de los potenciales compradores hasta que el lanzamiento es un hecho, el riesgo empresarial aumenta significativamente. Así, la necesidad de demostrar la aplicabilidad del planteamiento innovador en condiciones reales se vuelve crítica.
Por eso es de una importancia extraordinaria el intentar aprovechar las posibilidades que ofrece la administración pública, especialmente en el mercado sanitario pues será el principal cliente dado el peso de la sanidad pública en el conjunto, para testar nuevas propuestas. ¿Cómo se podría intentar validar un producto, servicio o tecnología sanitaria antes del lanzamiento definitivo al mercado?, ¿cómo se podría aspirar a tener una prueba fehaciente en entorno sanitario real que, si resulta exitosa el día de mañana, te permita tocar muchas puertas a nivel comercial nacional e internacional y afirmar que esto que ofreces ha funcionado con pacientes reales en hospitales reales?, ¿cómo se podría, en definitiva, hacer que pequeñas empresas innovadoras que quieren hacerse un hueco en el mercado sanitario puedan alinearse con la exigencia de la comunidad científica y clínica que hace ya muchos años habla del concepto medicina/salud basada en la evidencia?
Innovasturias nos propone una fórmula infrautilizada hoy en día que podría dar respuesta a todas esas preguntas: los procedimientos de compra pública innovadora.
Las administraciones (desde la Comisión Europea a los ayuntamientos) se han dotado de instrumentos para poder cumplir esa doble función. La primera y fundamental para ellos como compradores que son, es el buscar respuestas creativas y novedosas ante retos que los actuales proveedores no pueden acometer o no lo hacen satisfactoriamente y la segunda generar ese círculo virtuoso de que buena parte de recursos públicos estimulen un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y por tanto la riqueza de los territorios sobre los que tienen influencia. "EurEuropean Assistance For Innovation Procurement, http://eafip. eu/) es la vía actual de apoyo de la Comisión europea a la CPI".
No es algo nuevo, más bien lo contrario. La Compra Pública Innovadora se rige por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y también por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que incorpora la Directiva 2004/18 de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.
Entre sus objetivos, y por eso es tan estratégico para las empresas de perfil disruptivo e innovador, destacan el (...) conseguir una mejor relación calidad-precio, de manera que los órganos de contratación podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación (...) o también el objetivo de mejorar el acceso a estas licitaciones para las PYME (algo que también contempla la "genérica" y reciente Ley de Contratos del Sector Público al incorporar la exigencia de fraccionar en sublotes los contratos para así reducir la exigencia económica de los expedientes y permitir competir a pequeñas empresas).
El sistema está orientado, los mecanismos existen desde hace ya bastante tiempo, pero dónde está el atasco que hace que tan sólo unas pocas excepciones se puedan poner como ejemplo de exitosos procedimientos de compra pública innovadora en salud en España. ¿Acaso el requerimiento de la gestión compartida de derechos de propiedad intelectual e industrial del concepto que se valida en determinado expediente, o la no garantía de posterior suministro (dado que una vez concluido el "período de test" se abre una nueva licitación en la que cualquiera pueda concurrir) ha hecho que empresas clave en el desarrollo de propuestas de valor en salud no le encuentren el atractivo a esta fórmula? ¿O quizás es el farragoso viaje jurídico al que se van a enfrentar -que además de arduo es desconocido- los órganos de contratación de los servicios centralizados de salud, o en su caso los departamentos de compra de los hospitales?
Muchos gestores sanitarios verbalizan el deseo de intentar cambiar la forma en la que la asistencia es prestada y que ésta se pueda sostener. Buscar fórmulas diferentes e innovadoras pueden ayudar. Pero se ha de facilitar que el decisor arriesgue en apoyar planteamientos que aún no han sido testados y no penalizar en caso de que no se cumplan todas las expectativas completamente. Eso, en una sociedad tradicionalmente poco acostumbrada a entender los fracasos como parte esencial del aprendizaje, supone un lastre demasiado pesado para muchos gestores que, por la propia naturaleza del puesto para el que han sido designados, tienen una visión garantista.
La compra pública innovadora en salud ha estado, hasta la fecha, en manos de unos pocos grupos de entusiastas funcionarios que han conseguido cosas realmente prometedoras como el robot quirúrgico español de laparoscopia desde Andalucía, la plataforma móvil para facilitar a los médicos, pacientes y cuidadores la gestión del trastorno bipolar mediante la monitorización de pacientes de forma dinámica en Cataluña o aún más ambiciosos los casi 15 millones movilizados en el denominado Código 100 del Servicio Gallego de Salud.
Innovasturias considera que no deberíamos dejar que la apuesta por la innovación quede en manos del empuje de "arriesgados visionarios" dentro de la administración. Es una apuesta estratégica europea cuya implementación se debe exigir, tanto desde el punto de vista de eficiencia y sostenibilidad sanitaria como generador de oportunidades para empresas de perfil innovador.
Incluso en estos momentos de Pandemia, donde la necesidad de aportar soluciones innovadoras ante la urgencia es crítica, miramos a nuestro desarbolado sistema innovador y empresarial de salud con sorpresa por sus limitaciones para poder aportar soluciones, debería hacernos recapacitar y ver en esta herramienta, la Compra Pública Innovadora, una herramienta capaz de consolidar todas estas propuestas para la mejora de la seguridad y sostenibilidad sanitaria del país.
