Al término del primer trimestre de 2021 Asturias era la comunidad autónoma con menor tasa de actividad en España, el 50,6% según el INE. En mayo, el 91,3% de los 23.743 contratos firmados fueron temporales. El empleo industrial ya sólo representa el 14% del total, cuando en 2010 era el 16%, y en 1990 el 23%. Los 25.000 trabajadores del sector metal suponen el 50% de la actividad industrial. Asturias es un territorio en continua reconversión, que ahora denominan, eufemísticamente, proceso de transición justa.
El sector energético, basado en los combustibles fósiles, ha sido barrido por la ambición verde, y así lo refleja el Índice de Producción Industrial del subsector en el que se integra la generación eléctrica, que en mayo del año actual alcanzaba sólo el 62% del correspondiente a 2015.
Podría seguir enumerando cifras que avalan la percepción de la ciudadanía asturiana de que nuestra industria está en declive, y que el Gobierno no se ocupa de ella. Sustituir el parque de generación térmica que existía en Asturias, distribuido por nuestro territorio, por generación eólica, terrestre y marina, que genere el valor añadido bruto y el empleo inducido que tenía nuestro parque termoeléctrico es misión imposible. La ciudadanía así lo percibe, y ni la más sofisticada campaña de propaganda en torno al inmaduro hidrógeno verde, evita la creciente demanda social de nuevas oportunidades industriales sustitutivas y generadoras de empleo.
La actividad industrial básica y remanente de Asturias soportó mejor que el sector servicios el embate de la pandemia. Tras el levantamiento de las restricciones, en el segundo trimestre del año actual, la industria metalúrgica lidera la recuperación debido a un espectacular, y en mi opinión coyuntural, crecimiento de la demanda. El ahorro de las familias, las inyecciones de liquidez de los bancos centrales, y el vaciamiento de las cadenas de suministro en tiempos de pandemia, han provocado tal alteración en los precios de las materias primas y las energías convencionales que el mundo está viviendo, al retornar a la actividad, situaciones desconocidas de falta de recursos y alza de precios. Estimular aún más la economía en tales condiciones supondría generar una onda inflacionista que afectaría gravemente a las clases pasivas y al coste de la desbocada deuda pública. Por ello, el retraso en la disposición de los Fondos de Recuperación y Resiliencia sería lo apropiado, al menos hasta que se supere la perturbación actual en los mercados y los precios aterricen en niveles más razonables.
No debe continuar la alocada carrera hacia el ideal verde de 2050 sin sentar previamente las bases de gobernanza económica, tecnológicas, industriales y sociales que permitan asegurar la equidad en el reparto de los fondos y el uso eficiente de los mismos. Carece de todo sentido promover de forma masiva el despliegue de tecnologías ineficientes que por su inmadurez precisan de grandes cantidades de fondos públicos -recursos de todos- aportados a consorcios o empresas que rinden cuentas a sus accionistas, para implantar proyectos que no serían aprobados por ningún consejo de administración si carecieran de subvenciones. El interés público de tales iniciativas - salvar el planeta, en su acepción más romántica- no puede ser la excusa para introducir una mano visible en el mercado que favorezca a unas opciones tecnológicas frente a otras, aplicando criterios y siguiendo procedimientos cuya pertinencia y objetividad es más que discutible.
Me refiero a las políticas que impulsan el uso de combustibles sostenibles en aviación -denominados SAF- cuyo coste es ocho veces superior al del queroseno; o la descarbonización del transporte marítimo, que requeriría cerrar contratos por diferencia CfD con precios de derechos de emisión de CO2 del doble a tres veces del nivel actual; a sacrificar la energía nuclear confiando, a modo de parusía, en el masivo despliegue de las energías renovables con almacenamiento; o a la ineficiente implantación de soluciones energéticas fuera de red en viviendas basadas en energía fotovoltaica, almacenamiento en baterías e hidrógeno, que requieren, hoy día, convertir el sótano de la vivienda en una onerosa y sofisticada sala de máquinas.
Lo que ha sucedido con el precio de la energía eléctrica en España - estimulado al alza por el aumento del precio del derecho de emisión, que ya alcanza los 57 €/tCO2- y que supone para un consumidor industrial en tarifa 6.4 un precio de 87 €/MWh, el doble que el de un competidor francés, es un claro ejemplo de las consecuencias que tienen las decisiones políticas con sesgo ideológico, cuando se aplican en un mismo espacio económico y entorno regulatorio supranacional.
Ello no obsta para que se impulse el desarrollo de las nuevas tecnologías que el reto climático demanda. Para que se oriente el sistema educativo, y el de ciencia y tecnología, a estimular las vocaciones en las nuevas áreas de conocimiento. Para que se desarrollen proyectos demostrativos en los que las nuevas generaciones puedan encontrar oportunidades de empleo y horizonte profesional. Para que se compense, de forma tasada y evolutiva, con equidad y en estricto respeto a la igualdad de oportunidades, el hueco de coste existente entre los productos generados por las opciones tecnológicas verdes frente a las grises.
Para que la reconversión de la industria asturiana se torne en transición se requiere mucho conocimiento, sabia aplicación de los recursos y correcto manejo de los tiempos.
Juan José del Campo Gorostidi
Doctor Ingeniero de Minas
