Prioridades empresariales ante las elecciones generales del 10 de noviembre

De cara a la próxima legislatura, una vez se celebren las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, considera que será imprescindible y urgente llegar a acuerdos de gobernabilidad entre las distintas fuerzas políticas en un necesario clima de estabilidad y moderación, con la participación también de los agentes sociales.

Por ello, CEOE ha elaborado un documento en el que se fija un decálogo de prioridades empresariales de cara al nuevo curso político, que reiteran y complementan las presentadas en marzo de 2019, con ocasión de las elecciones generales celebradas el 28 de abril. Con este documento, muestra su predisposición a colaborar con el Gobierno que elijan legítimamente los ciudadanos.

Fomento del espíritu empresarial: El dinamismo económico está muy ligado a la creación de nuevas empresas y al desarrollo de las ya existentes. Por ello, el entorno debe ser especialmente favorable para las empresas de reciente creación y/o de reducido tamaño. Para ello, es necesaria la eliminación de las barreras al aumento del tamaño de nuestras pymes y el fomento de la cultura y la vocación empresarial, especialmente desde el ámbito educativo.

La formación como vía para crecer más y mejor: La formación permite incrementar el capital humano y la productividad de la economía, lo que hace que sea un factor clave de competitividad empresarial y, por tanto, del crecimiento y la generación de empleo a futuro. Una educación de calidad debe alinearse con las necesidades reales de las empresas.

Reforzar la innovación y la digitalización: La I+D+i debe acercarse a las necesidades reales de las empresas para poder materializarse en innovaciones de productos y procesos que les permitan superar los nuevos retos que se avecinan. Es indispensable un esfuerzo mayor de todos, tanto del sector público como del privado, para lograr que el gasto en esta partida en términos de PIB alcance el 3% lo antes posible, según marca la Estrategia de Lisboa. Además, la digitalización ya está introduciendo profundos cambios en los procesos productivos y en el empleo. Es imprescindible que se incorpore en la agenda política, económica y social del Gobierno.

La sostenibilidad como instrumento de competitividad: La economía española debe sentar las bases de sus grandes transformaciones estructurales a futuro. La sostenibilidad debe ser el eje en el que se instrumente de manera progresiva y ordenada la descarbonización de la economía y la consiguiente transición en materia de energía, clima y economía circular. La sostenibilidad es el marco en el que va a funcionar la economía mundial en los próximos años. Nuestras empresas están llamadas a implementarla como fuente de competitividad. En este camino, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), propuestos por Naciones Unidas, son un cauce en el que poder abordar este reto.

Intensificar la internacionalización de nuestra economía: Pese a los buenos resultados de nuestro sector exterior, todavía hay margen para aumentar la base exportadora y continuar con el proceso de internacionalización de nuestra economía mediante una apuesta decidida por desarrollar un entorno favorable a la competitividad empresarial. Esta es la principal vía para consolidar un nuevo patrón de crecimiento basado en la recuperación de la actividad sin generar déficit exterior.

Reformas estructurales para aumentar el crecimiento: No hay que olvidar que la competitividad de las empresas es la condición necesaria para su crecimiento y sienta la base para que pueda darse una creación de empleo sostenible en el tiempo y que permita mejorar el nivel de vida de nuestra sociedad. Desde CEOE creemos que es más necesario y urgente que nunca que la política económica priorice la mejora de la competitividad. Se deben implementar nuevas reformas estructurales que la favorezcan como palanca catalizadora tanto para revertir a corto plazo la actual tendencia cíclica, como para impulsar de forma sostenible el potencial de crecimiento a largo plazo y la generación de empleo.

Proseguir la consolidación presupuestaria mejorando la eficiencia del gasto público: Una de las principales vulnerabilidades de la economía española es el importante monto de deuda pública acumulado en la última crisis. Para disminuir estos elevados niveles hay que avanzar en el proceso de consolidación fiscal evitando incrementos adicionales del gasto público estructural. Además, se deberían incorporar criterios de racionalidad, disciplina presupuestaria y de evaluación continua para mejorar la eficiencia del gasto público de las Administraciones Públicas, así como intensificar la lucha contra la economía sumergida.

La tributación empresarial debe ser competitiva: Los resultados de la mejora de la eficiencia del gasto y de la reducción del fraude deben destinarse a reducir la tributación empresarial para hacerla más competitiva como vía para aumentar nuestro crecimiento tendencial y, de este modo, acelerar la convergencia en renta con nuestros socios europeos. De igual modo, la tributación patrimonial en España es de las más elevadas del mundo desarrollado con la consiguiente penalización del ahorro y de la inversión empresarial. Estos impuestos, en un contexto de movilidad de personas y de capitales, tienen escasa capacidad recaudatoria real y, en cambio, generan fuertes distorsiones en la actividad económica y en la atracción de talento y capital, por lo que resulta prioritario eliminar el Impuesto sobre Patrimonio y reducir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

La seguridad jurídica y la garantía del derecho de propiedad para favorecer la inversión: La seguridad jurídica es la mejor garantía para invertir en nuestro país. Es fundamental para crear un sistema en el que sea razonable prever las consecuencias económicas de las actuaciones de los particulares y de los poderes públicos, lo que es indispensable para generar la confianza que facilite la inversión y el desarrollo económico y social.

Libertad de empresa y unidad de mercado: La libertad de empresa debe ser no solo protegida impidiendo acciones que la restrinjan, sino también impulsada mediante actuaciones desarrolladas por los poderes públicos. En este sentido, es necesario avanzar en la eficiencia para alcanzar los objetivos públicos sin imponer cargas innecesarias o desproporcionadas a las empresas, y coordinar las políticas territoriales (estatales, autonómicas y locales), que en ocasiones dificultan el ejercicio del derecho de la libertad de empresa. Por último, la unidad de mercado es clave para conseguir un libre e igual acceso y ejercicio de la actividad económica.

Fuente: CEOE