Política Energética, Política de Estado

Sin una Política Energética solvente en sus fundamentos técnicos y económicos, además de sustentada en el más amplio consenso político, el futuro de la gran industria básica en España está en riesgo, siendo Asturias la comunidad más afectada por ello.

Las decisiones que en materia energética han tomado los sucesivos gobiernos democráticos en España desde que en 1991 se paralizaron las obras de 7 centrales nucleares han tenido su impacto en el recibo eléctrico, afectando tanto al consumidor doméstico como al industrial. La lista de costes repercutidos es larga, y lo peor es que no tiene fin: moratoria nuclear, déficit de tarifa, primas a las renovables, fallida plataforma Castor, derechos de emisión de CO2 que gravan la producción eléctrica con combustibles fósiles, regasificadora de Gijón parada, impuesto a la generación eléctrica. Se les añadirán los costes del desmantelamiento nuclear, el retorno del déficit de tarifa y otros más.

Llama poderosamente la atención que ante tamaños desafueros sólo se escuchen, de tiempo en tiempo, si bien cada vez con más frecuencia, las quejas de los empresarios y de las organizaciones sindicales con ocasión de la sucesión de cierres y recortes que se vienen produciendo en materia de actividad y empleo industrial. Bien está quejarse, pero mejor y más conveniente es anticiparse a los problemas, exigiendo al poder político que se ocupe con rigor en la definición, acuerdo, impulso y ejecución dePolíticas de Estado en materia de industria y energía.

España tiene la mayor capacidad de regasificación de la UE

En dicha exigencia, la industria eléctrica, en su más amplia acepción, tiene mucho que decir y más aún que protagonizar. España es un país con tecnología reputada, tanto en ingeniería como en construcción, operación, distribución y mantenimiento. ¿Por qué se aceptan las veleidades de los gobiernos de turno en materia energética? ¿Por qué se prioriza obtener rendimientos económicos participando de políticas-país equivocadas en el medio y largo plazo, en lugar de coadyuvar a corregir el rumbo equivocado? Quien más sabe, quien mejor conoce, quien más cerca está del poder político, tiene la obligación profesional, ética y social de ilustrar y proyectar conocimiento para que la sociedad en su conjunto se beneficie. Si ello requiere confrontar y rebatir al Gobierno, hágase, desde el rigor y no desde enfoques partidarios, ideológicos o interesados, con respeto a la soberanía popular, pero sin renunciar a la firmeza.

Las tres últimas subastas de renovables -años 2016 y 2017- supondrán la instalación de miles de Mw de potencia fotovoltaica y eólica sin almacenamiento que no es lo único que España precisa para afrontar el cierre nuclear que se culminará en 2035 y la renuncia al carbón. En 2018 no se realizaron subastas y en 2019 tampoco se esperan, una discontinuidad más fruto de la falta de consenso político en la materia. Las que vengan en 2020 tienen que ser distintas y más convenientes para la estabilidad del sistema eléctrico. Transmitir a la opinión pública que la energía nuclear -la cual aporta más del 20% del consumo de la energía eléctrica del país y supone más del 35% de la energía producida libre de emisiones con un coeficiente de disponibilidad del 87%- será sustituída con proyectos fotovoltaicos sin almacenamiento cuya potencia disponible, según el propio Ministerio de Transición Ecológica es del 11%, constituye un insulto a la inteligencia.

El trilema de la Política Energética es conjugar adecuadamente la Seguridad en el suministro, con la Equidad medida en términos de calidad y precio, y la Sostenibilidad

España tiene la mayor capacidad de regasificación de la UE, por lo que potenciar la red gasista y su interconexión con Europa adquiere dimensión estratégica para la seguridad del suministro eléctrico, ante el descarte del carbón y la energía nuclear del mix de generación, dada la muy limitada interconexión eléctrica con Europa -por debajo del 10% recomendado por la UE-.

El trilema de la Política Energética consiste en conjugar adecuadamente la Seguridad en el suministro, con la Equidad medida en términos de calidad y precio del suministro eléctrico, y la Sostenibilidad. España está evolucionando negativamente en materia de Equidad porque el coste de la factura eléctrica es cada vez mayor y la Seguridad de suministro puede comprometerse a futuro si no se corrige el rumbo, dado que la Sostenibilidad ha tomado el protagonismo.

Compartimos un espacio económico, político y social que es la Unión Europea. Estamos inmersos en un proceso de globalización mundial de la economía, con sus luces y sus sombras. Avanzamos en la digitalización de la gestión empresarial, de la producción y de nuestros hábitos de consumo, trabajo y comportamiento social. Nos preocupa el cambio climático y sus consecuencias. Sin embargo, persisten diferencias significativas en los factores que determinan la competitividad de una economía: talento, innovación tecnológica, costes energéticos y laborales, además del coste del recurso financiero y la fiscalidad... En este contexto se juega la liga de las naciones.

Emular las políticas energéticas de los países que nos superan en innovación, tecnología y  productividad tiene consecuencias. Alemania es el país de la UE con la energía más cara, un 37% superior al de España. Alemania decidió eliminar la energía nuclear y el carbón de su mix energético desarrollando un ambicioso y costoso plan de transición energética; su economía lo permitía. Otros países tomaron decisiones diferentes. Francia persiste en la energía nuclear y su coste es un 21% inferior al de España. Turquía, duro competidor industrial, tiene un coste 37% por debajo del nuestro. Estados Unidos aún lo hace mejor con un precio 46% inferior al español. Indonesia, India y China lideran el ranking lowcost, con precios 3 veces menores. Cada país juega sus bazas.

Las decisiones tienen consecuencias y las equivocaciones se pagan, con el agravante de que en materia energética perduran por largo tiempo. Por ello, resulta fundamental acertar en la formulación y en la ejecución de la Política Energética e Industrial que conviene a España.