El Gobierno de Asturias analizará todas las opciones para mantener el tejido industrial en las plantas de Vesuvius
"Nuestro compromiso está con las 128 familias afectadas y desde el primer momento hemos estado al lado de los trabajadores aportado propuestas y medidas constructivas", afirma la directora general de Industria
El Gobierno de Asturias, en coordinación con el Ministerio de Industria, la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Langreo y Miranda de Ebro y representantes de la plantilla, analizará todas las alternativas y opciones posibles para mantener el tejido industrial y el empleo en las factorías de Vesuvius, tal y como ha hecho desde el 5 de septiembre, cuando tuvo conocimiento de la decisión de la compañía.
Rosana Prada, directora general de Industria, señala que “a pesar de que no hay justificación alguna para el cierre de Vesuvius y el traslado de la producción a Polonia, la República Checa y Turquía, decisión que la empresa mantiene”, la situación entra ahora en una nueva fase con la puesta en marcha de una mesa técnica para estudiar alternativas industriales para los dos centros productivos.
En esa mesa estarán representadas las administraciones locales, regionales y estatal y los representantes de los trabajadores, y también se ha invitado a Vesuvius para que contribuya a mantener el tejido industrial en Asturias y en Castilla y León. Asimismo, se ha solicitado a la multinacional una ampliación del periodo de consultas del expediente de regulación de empleo para que mantenga su actividad hasta que se hallen alternativas a los cierres.
La directora ha recordado que aunque el Gobierno de Asturias no puede interferir en las decisiones que una empresa privada adopta en el marco de sus estrategias corporativas, desde el primer momento se han realizado todas las acciones posibles para evitar que la compañía pusiera en marcha el expediente de regulación de empleo (ERE) y el cese su actividad manufacturera en Asturias y Burgos.
Así, a lo largo del último mes se han mantenido contactos permanentes con el Ministerio de Industria, con la Junta de Castilla y León, con las corporaciones municipales de Langreo y Miranda de Ebro, con los representantes de los trabajadores y con IndustriALL Global Union, la federación internacional de trabajadores del sector minero, energético e industrial, que representa a 50 millones de personas en 140 países.
Asimismo, desde el Ministerio de Industria se han celebrado conversaciones al más alto nivel con los responsables de la compañía para tratar de frenar los cierres, teniendo en cuenta que las factorías son competitivas, altamente productivas, carecen de problemas estructurales y tienen una sólida posición de mercado, como la propia empresa ha reconocido en las reuniones mantenidas.
Fruto de estas actuaciones, se ha puesto en marcha una mesa de diálogo con la participación de todas las entidades y partes implicadas que ha celebrado dos reuniones, la última de ellas ayer mismo. En este marco, las administraciones han manifestado su compromiso con la actividad industrial y el mantenimiento de los 128 empleos directos de Vesuvius, por lo que han ofrecido facilidades de inversión, apoyo institucional y suelo para que la compañía continuase asentada en Langreo y Miranda de Ebro, opciones que la multinacional ha rechazado.
“Nuestro compromiso está con las 128 familias afectadas y desde el primer momento hemos respondido con agilidad, aportando propuestas y medidas constructivas, a pesar de la escasa receptividad manifestada por la compañía”, ha añadido la directora general.
“Los resultados obtenidos en la solución a recientes crisis industriales como la de Alcoa y las medidas impulsadas para afrontar situaciones complejas como la de Duro Felguera, dentro de un marco de colaboración institucional, son una clara muestra de nuestra implicación con el territorio, la industria y los trabajadores”, ha asegurado Prada, quien recuerda que el ERE de Vesuvius es una consecuencia directa de la reforma laboral del año 2012 “que permite a empresas con beneficios tomar estas decisiones sin necesidad de autorización administrativa previa”.